Analiza Dr. Guerrero Agripino responsabilidad del nuevo sistema de justicia penal en el incremento de los índices de inseguridad

22 de Noviembre de 2017

Analiza Dr. Guerrero Agripino responsabilidad del nuevo sistema de justicia penal en el incremento de los índices de inseguridad


Guanajuato, Gto., a 21 de noviembre de 2017.

La seguridad y la prevención del delito no se construyen desde el Derecho Penal, eso corresponde a una política criminal integral de un país, sostuvo el Rector General de la Universidad de Guanajuato (UG), Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, al dictar una conferencia en el IV Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

La ponencia del académico, Maestro en Ciencias Jurídico Penales y Doctor en Derecho, titulada ¿Es responsable el nuevo sistema de justicia penal del incremento de los índices de inseguridad e impunidad? marcó el inicio de las actividades del evento que se lleva a cabo este 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones, en la ciudad de Guanajuato.

En principio, el Rector General de la UG se refirió a los motivos que propiciaron un cambio en el sistema penal. Al respecto, dijo que durante muchos años hubo un reclamo del sector académico y de la sociedad. Sin embargo, esas voces generalmente no eran coincidentes, el sector académico se decantaba por un mayor respeto a los derechos humanos, y el sector social pedía mayor rigor punitivo. Posteriormente, “el sector político se apropió de los reclamos”.

Remarcó que hay un sector que no suele tomarse en cuenta al hacer este tipo de reformas, “pero que es fundamental”, el de los operadores del sistema: jueces, agentes del Ministerio Público, en general, las estructuras de las corporaciones de seguridad.

En su opinión, en el antiguo sistema había malas prácticas que se fueron heredando de generación en generación, pero esas prácticas no eran parte del sistema.
El Dr. Guerrero citó estudios que evidenciaron fallas de ese sistema penal, entre otras, una falta de eficacia en las investigaciones –fundamentalmente por exceso de trabajo, falta de recursos humanos y de equipo-, además la víctima no tenía un papel preponderante, la situación del imputado era altamente vulnerable y había una importante afectación al principio de presunción de inocencia.

A casi diez años de su diseño y a dos años de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Dr. Luis Felipe Guerrero hizo un balance de lo que ha sucedido con este esquema, el cual “no puede evaluarse sin tomar en cuenta que en 2011 se realizó una de las más importantes reformas constitucionales, la Reforma en materia de Derechos Humanos”.

Destacó algunas de las características positivas del sistema actual, entre ellas la transparencia, reducción de la prisión preventiva, la tutela de derechos humanos y una mayor eficiencia profesional, además del papel que jugaron los estados para mejorar la infraestructura de los espacios en donde se desarrolla el proceso penal.

Asimismo, reconoció la importante labor de capacitación que se llevó a cabo para implementarlo. Sin embargo, ésta se enfocó básicamente en los juicios orales, y se dejó de lado la capacitación en otros rubros del sistema a los operadores, “actores sobre los que recae gran parte del funcionamiento del sistema”, como peritos, elementos policiales, personal directivo y administrativo.

En este punto, insistió: “en la medida en que tengamos cuerpos policiales más sólidos, más capacitados, mejor pagados, mejores prestaciones, etcétera, le irá bien al sistema”.

Al presentar sus conclusiones, el Rector General de la UG enfatizó que el Derecho Penal interviene una vez que se ha cometido el delito, por tanto, no funciona para prevenir. “No podemos otorgarle al Derecho Penal una repercusión y un peso que no le corresponde”. Para ofrecer seguridad, es necesaria una política criminal y políticas públicas integrales.

Al finalizar su intervención el Dr. Guerrero Agripino recibió un reconocimiento por su participación en el evento internacional, de manos del Subsecretario de Prevención del Delito del gobierno estatal, Marco Antonio Rodríguez Vázquez.