Coarta el crimen organizado el derecho a la libertad de expresión en México

28 de Febrero de 2018

Coarta el crimen organizado el derecho a la libertad de expresión en México



* El ejercicio del periodismo está amenazado, limitado o censurado en gran parte del país

La libertad de expresión en México como un derecho ciudadano y de quienes ejercen la labor del periodismo y la comunicación está coartada, amenazada, limitada, censurada y en muchas regiones del país en focos rojos por las acciones del crimen organizado y de algunas figuras del Estado, tanto a nivel federal como local, coincidieron las periodistas Elisa Alanís y Patricia Mayorga.

En el Conversatorio La Libertad de Expresión (amenazada) y el papel de las Universidades, de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), las comunicadoras resaltaron que corresponde a las universidades ser espacios de evaluación, estudio, análisis, discusión y denuncia sobre esta problemática, como recintos de apoyo para los periodistas desplazados por amenazas de muerte.

La libertad de expresión está limitada por la relación económica del gobierno con los medios de comunicación a través de la compra de espacios de publicidad para exaltar las obras gubernamentales, por lo que recomendaron transparencia a fin de no depender de los intereses mercantiles y políticos de las empresas.

Alanís dijo que “el crimen organizado ha hecho del día a día un horror para los ciudadanos y los reporteros llegando al extremo de coartar las libertades”, además de que desde el Estado se ejercen presión y censura a los comunicadores.

“El caso de Carmen Aristegui es paradigmático, pues a partir de lo sucedido con ella se ha llegado al extremo de intervenir su teléfono, con software exclusivo que debería ser utilizado para perseguir a criminales, narcotraficantes y terroristas, y no a periodistas y a defensores de derechos humanos”.

La columnista de Razones y pasiones, publicada en El Universal, manifestó que tanto el próximo presidente de la República, como los futuros gobernadores, deberán atender las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia porque ambas “tienen propuestas, estudios e iniciativas en derechos y libertades”.

Para acceder a un cambio “hay que reinventar y reconstruir nuestras instituciones”, porque “este gobierno mandó al diablo a las instituciones de impartición de justicia”.

La también conductora de noticias recordó que carecer de fiscales general y anticorrupción, además de magistrados en esta última materia, en un escenario en el que “las instituciones de procuración e impartición de justicia están destruidas en el país, nos impide avanzar hacia una sociedad democrática”.

A nivel de gremio, la maestra en Análisis Político y Medios de Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey dijo que se requiere que se haga valer la seguridad del ejercicio periodístico, no cejar en la unión y en la protección con el apoyo de las redes sociales.

Ante la censura ejercida desde diversos niveles del Estado ponderó el uso de las redes sociales, ya que algunos comunicadores despedidos de diversos medios por ser incómodos al gobierno han abierto portales en los que difunden investigaciones que luego son retomadas por los medios tradicionales nacionales.

Mayorga, Premio Internacional a la libertad de Prensa 2017, expuso que “en casi todo el país existen intentos o censura para periodistas que pretenden escribir la verdad”.

La represión a la libertad de expresión, aseguró, “se ejerce desde varios frentes, empezando por las mismas empresas que por los intereses económicos que representa la venta de publicidad oficial coartan a los reporteros, aunado a las autoridades, el narcotráfico y el crimen organizado”.

La incidencia de callar voces por medio del asesinato crece por la impunidad, ya que “de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, los niveles de impunidad de asesinatos contra el gremio es de 99.7 por ciento y no hay un solo caso que nos haya dejado satisfechos, con uno o más culpables en la cárcel”.

La violencia contra los comunicadores se expresa, también, en amenazas o en el espionaje que abarca otros sectores como los defensores de derechos humanos que han sido críticos con el Estado. “El sexenio de César Duarte en Chihuahua fue terrible para un ejercicio crítico del periodismo por la gran cantidad de dinero estatal destinado a la compra de publicidad oficial, para acallar a las empresas de comunicación”.

La corresponsal de la revista Proceso en aquella entidad y desplazada desde hace un año por amenazas de muerte denunció que “el papel de las universidades en la entidad ha sido complaciente con el ejercicio del poder, viven una realidad distinta a la de la sociedad, las autoridades académicas, los rectores están muy cerca del poder y los egresados salen sin un nivel de conciencia sobre lo que van afrontar”.

De su exilio dijo que “es una experiencia fuerte, difícil de asimilar, porque se emigra no por una decisión personal, sino a causa de ejercer un trabajo con el cual se pretende contribuir a cambiar la realidad del país”.