Exrectores de la Universidad Veracruzana hacen un llamado a defender la autonomía y la legalidad

16 de Junio de 2025

• Exrectores de la Universidad Veracruzana hacen un llamado a las universidades públicas de México a defender la autonomía y la legalidad

15 junio, 2025

En un firme y categórico pronunciamiento, tres exrectores de la Universidad Veracruzana (UV) hicieron un llamado urgente a las universidades públicas autónomas del país, a la comunidad universitaria nacional y a la opinión pública, para defender la legalidad y la autonomía universitaria ante lo que califican como un intento de prórroga ilegal por parte del actual rector de esa casa de estudios, Dr. Martín Aguilar Sánchez.

La carta, firmada por los doctores Sara Ladrón de Guevara (2013–2021), Raúl Arias Lovillo (2004–2013) y Víctor Arredondo Álvarez (1997–2004), advierte sobre un “reprobable atropello” contra la normativa universitaria, al tiempo que denuncia una posible colusión de la Junta de Gobierno para validar una solicitud que vulnera tanto la Ley de Autonomía como el Reglamento interno que regula la designación del rector.

Prórroga al margen de la ley

De acuerdo con los exrectores, el actual titular de la rectoría se encuentra impedido legalmente para buscar un segundo periodo, ya que rebasa por dos años el límite de edad establecido por la ley universitaria. Sin embargo, el pasado 31 de mayo —dos días después de que los exrectores hicieran público un primer pronunciamiento— el Dr. Aguilar Sánchez presentó ante la Junta de Gobierno una solicitud de prórroga automática por otros cuatro años.

Esta acción —acusan los firmantes— constituye una “severa transgresión” a la normativa vigente, en tanto el procedimiento de sucesión rectoral debe sujetarse a una convocatoria pública, con reglas claras, etapas establecidas y la participación de toda la comunidad universitaria, tal como estipula el artículo 8 de la Ley de Autonomía.

Una consulta irregular y antecedentes preocupantes

En los días siguientes a la solicitud, la Junta de Gobierno abrió una consulta a la comunidad universitaria que no está contemplada por la legislación institucional. Dicha consulta, denuncian los exrectores, “pretende someter a opinión una petición improcedente, lo que no sólo carece de sustento jurídico, sino que agrava la situación”.

La carta también revela un antecedente clave: en 2024, el Dr. Aguilar intentó eliminar el límite de edad a través de una enmienda a la Ley Orgánica universitaria, presentada al Consejo General Universitario y posteriormente al Congreso local. La iniciativa fue duramente cuestionada por su evidente carácter personalizado. Aunque fue aprobada por el Consejo, tuvo que ser retirada del Congreso ante su inminente rechazo.

Además, se informa que la Dra. María Angélica Buendía Espinosa, integrante de la Junta de Gobierno, presentó su renuncia al órgano colegiado —presuntamente por presión interna relacionada con este caso— y hasta la fecha no se ha informado a la comunidad sobre su reemplazo, incumpliendo las disposiciones normativas.

Exigen legalidad, transparencia y respeto a la comunidad universitaria

Los exrectores reiteran su compromiso con los principios que deben regir toda institución pública de educación superior: legalidad, autonomía, transparencia y ética. Por ello, hacen un llamado no solo al interior de la Universidad Veracruzana, sino a todo el sistema universitario nacional, para cerrar filas en defensa de las normas que garantizan procesos legítimos y participativos.

El documento plantea cinco exigencias concretas:

1. Respeto a la legalidad y a la autonomía universitaria.
2. Rechazo a la petición de prórroga y emisión inmediata de la convocatoria para la designación del rector, conforme al artículo 8 de la Ley de Autonomía.
3. Abstención de la Junta de Gobierno de interpretar la normatividad institucional, función que no le compete.
4. Inclusión de todos los aspirantes legítimos y participación abierta de la comunidad universitaria.
5. Garantía de independencia del órgano colegiado respecto a la administración saliente.
“La autonomía no se interpreta, se ejerce”

En su parte final, la carta insiste en que la autonomía universitaria no puede ser objeto de interpretaciones antojadizas ni de decisiones unilaterales. La legalidad —afirman— se cumple, no se acomoda.

“La autonomía no se pone en tela de juicio: se ejerce. La legalidad no se interpreta por quien no tiene esa atribución legal: se cumple”, sentencian.

Este pronunciamiento se suma a las voces de alerta expresadas por sectores académicos y exintegrantes de la Junta de Gobierno de la UV, entre quienes figuran exrectores de la UNAM, miembros de la ANUIES y personalidades galardonadas con premios nacionales e internacionales. Todos ellos coinciden en que la integridad institucional y el respeto a la norma son condiciones indispensables para preservar la legitimidad de las universidades públicas en México.