Llaman a la ANUIES y a las universidades del país a defender la legalidad y la autonomía en la Universidad Veracruzana

11 de Junio de 2025

10 de junio de 2025

• Académicos denuncian intento irregular de prórroga del rector en funciones y convocan a garantizar un proceso abierto y conforme a derecho

Académicos de la Universidad Veracruzana hacen un urgente llamado a la Asamblea General y al Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como a todas las instituciones de educación superior del país, para que se pronuncien en defensa de la legalidad y la autonomía universitaria, ante lo que consideran una grave alteración del orden jurídico en la Universidad Veracruzana (UV).

El llamado responde a una intentona carente de legalidad por parte del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, quien ha solicitado extender su mandato por cuatro años adicionales, una figura no contemplada en los ordenamientos internos de la UV.

Esta postura ha sido denunciada públicamente en un desplegado firmado por la Dra. Marisol Luna Leal, el Dr. Jorge Manzo Denes y el Dr. Rafael Vela Martínez, aspirantes a la Rectoría para el periodo 2025–2029. Los firmantes advierten que la aceptación de dicha solicitud por parte de la Junta de Gobierno constituye una violación flagrante a la normatividad universitaria y a los principios democráticos que deben regir la vida institucional.

En el documento se enumeran diversas violaciones legales que, a juicio de los firmantes, comprometen la legitimidad del proceso de sucesión rectoral:

• Creación de un procedimiento inexistente: La Junta de Gobierno dio trámite a una solicitud de prórroga que no tiene respaldo en ningún instrumento normativo de la UV, construyendo un procedimiento ad hoc que carece de legalidad.

• Incumplimiento de plazos legales: La legislación universitaria exige que la convocatoria para la elección de rector se publique con al menos dos meses de anticipación al término del periodo en funciones, que concluye el 31 de agosto de 2025. Hasta el momento, dicha convocatoria no ha sido emitida.

• Violación del requisito de edad: La normatividad interna establece que para ser designado rector se debe tener menos de 65 años al momento de la designación. El actual rector ya ha rebasado ese umbral.

• Elusión de la competencia abierta: La figura de la prórroga impide la participación de nuevos aspirantes y sustituye el proceso tradicional de auscultación plural, presentación de planes de trabajo y evaluación de méritos.

• Aplicación parcial de la norma: La Junta de Gobierno interpreta selectivamente algunos artículos del marco legal mientras omite otros mandatos esenciales, atentando contra la integralidad del orden jurídico universitario.

Los académicos señalan que incluso rectores anteriores que aspiraron a un segundo periodo se sometieron al procedimiento reglamentario de consulta y evaluación. La excepción que ahora se busca imponer no solo rompe con la legalidad institucional, sino que erosiona los principios de equidad, transparencia y meritocracia.

El posicionamiento se suma al de 17 ex integrantes de la Junta de Gobierno de la UV —varios de ellos de reconocido prestigio nacional e internacional—, quienes han expresado su preocupación por el rumbo del proceso y han exigido apego estricto al marco normativo. En sus palabras, lo que está en juego va más allá del futuro inmediato de la UV: representa un mensaje al país sobre la vigencia real de la autonomía universitaria.

Los firmantes del desplegado hacen un llamado abierto a la comunidad universitaria nacional —estudiantes, docentes, egresados, investigadores, exrectores y personal administrativo— así como a la sociedad en general, a sumarse a la defensa activa de la universidad pública, la legalidad y la democracia interna. Reconocen como alentadoras las manifestaciones recientes en distintas regiones del estado de Veracruz en defensa del orden legal y ético de la Universidad, y consideran que es momento de unificar las voces para rechazar cualquier intento de imponer una prórroga que vulnere los principios de la institución.

La exigencia central es clara: que la Junta de Gobierno rechace de inmediato la solicitud de prórroga y emita la convocatoria correspondiente para dar inicio a un proceso abierto, equitativo y fundado en derecho. Sólo así, afirman, podrá preservarse la integridad académica y el espíritu autónomo que debe guiar a las instituciones públicas de educación superior en México.