Permanecen vicios pese a reformas constitucionales en sistema de justicia penal: Rector

24 de Agosto de 2017

Permanecen vicios pese a reformas constitucionales en sistema de justicia penal: Rector

• Así lo consideró el Mtro. David Fernández Dávalos durante la presentación del informe ‘Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016’
• Las reformas hacen necesario brindar una nueva forma de enseñar el derecho

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y penal han permitido un avance incipiente en la emisión de mejores sentencias por parte de los jueces; sin embargo, no han erradicado vicios previos a la implantación de los juicios orales o del sistema penal acusatorio, señaló el Maestro David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Los vicios que permanecen son: la falsa flagrancia, es decir, acusar a alguien de que acaba de cometer un delito cuando éste ocurrió hace cuatro o cinco días, y no hay un vínculo que lo relacione; la deficiencia en las investigaciones; las presiones para la autoinculpación de los acusados, para que opten por un juicio abreviado a cambio de sentencias menores, aun cuando son inocentes; la primordialidad del parte informativo, o sea, dar mucha credibilidad a las policías; y el arraigo, que es violatorio de los derechos humanos y de las garantías procesales.

Así se manifestó el Rector durante la presentación del informe ‘Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016’; elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la IBERO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Comentó que cuando se dieron las reformas, en la academia, en la Universidad Iberoamericana, y seguramente en otras facultades o escuelas de derecho de México, se dieron cuenta que va a ser necesario brindar a las y los estudiantes universitarios una nueva formación en derecho constitucional, en derecho penal y en derechos humanos.

“Una primera tarea que tenemos es formar a quienes van a tener participación en el sistema de procuración y administración de justicia de una manera distinta, incorporando esto (las reformas), dado que van a ser principios duraderos y principios profundos, es decir, que cambian la comprensión del derecho”.

Y agregó: “Tenemos que cambiar el modo de enseñar el derecho; hay que enseñarlo ahora como una herramienta más para el cambio social, como una herramienta para construir la sociedad justa, democrática, participativa, garantista y respetuosa de los derechos humanos que queremos”.

En ese sentido, dentro de la Licenciatura en Derecho no hay que enseñar a éste como algo rígido, “sino como algo que evoluciona conforme evoluciona la comprensión de los ciudadanos, de las sociedades y que entra en un concierto internacional”.

Debe ser una formación en contra de una concepción vertical, rígida y lejana del derecho; que incorpore la multidisciplinariedad, pues ahora los casos tienen una multitud de disciplinas que pueden explicar una situación; flexible para la democracia y la inclusión social, ambas finalidades del derecho; formar en la cercanía a la realidad, para responder a los problemas reales y no al derecho en sí mismo como si fuera algo autónomo de las consecuencias que trae en la convivencia cotidiana.

Tiene que tener a los derechos humanos como un eje transversal primordial en las escuelas de derecho, la profesión del abogado y del jurista; que revalore el desprestigiado trabajo del defensor público; y desde una comprensión propia de las universidades como actores sociales interesados en el progreso científico, moral, social y democrático de nuestras sociedades.
“Estas nuevas coordenadas del derecho tienen un papel fundamental, protagónico y muy importante”.

Por ello, lo que se tendría que enseñar son los principios internacionales de universalidad, proporcionalidad y pro persona; el aborde con un método analítico, crítico y práctico; con una educación muy clínica y de litigio estratégico; con los derechos humanos como herramienta; y fomentar las prácticas orales y de construcción de casos.

“Me parece que en la academia, las instituciones de educación superior, las instituciones que forman a juristas y abogados, tenemos una enorme responsabilidad de acompañamiento de estas reformas que a nuestro parecer van en el sentido correcto; que pueden modificarse, que pueden corregirse, que pueden mejorarse, pero que no podemos abandonar la dirección que marcan en el fondo, y los principios a los que se han adherido”.

Contrarreformas
En otro rubro, el Rector Fernández Dávalos dijo que iniciadas las reformas en el sistema de justicia penal emergieron grupos sociales conservadores interesados en promover contrarreformas, ya que entre otras cosas hablan de que se van a vaciar las cárceles. Empero, “es falso que sea culpa de la reforma, y lo prueba el informe, el que ahora haya un mayor nivel de inseguridad y una mayor zozobra social”.

“Por supuesto que la reforma se puede mejorar, por supuesto que hay cosas que tenemos que revisar, pero me parecería un grave error echarla para atrás, y sobre todo renunciar a la pretensión original de la misma”. Y recordó que el Estado mexicano tiene el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos; por lo que “una reversión a esta reforma iría en contra de estas obligaciones que el Estado mexicano tiene”.

Además de la formación en derecho, otra tarea derivada de las reformas es ir monitoreando cómo se van implementando éstas y si están teniendo frutos; lo que la academia debe hacer junto con las organizaciones de la sociedad civil, los organismos sociales de las víctimas y los defensores de derechos humanos. “Vamos relacionándonos con ellos para poder observar lo que va ocurriendo”.

Una tercera cosa que se puede hacer desde la labor educativa y docente es analizar los criterios judiciales que se van a ir aplicando; algo que justamente hace el informe ‘Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016’.

Y finalmente comprender a las universidades como espacios de diálogo entre los distintos actores que tienen que ver con estas reformas. “Un espacio donde pudieran dialogar los gobiernos en sus distintos niveles, la sociedad civil; y también los jueces, los defensores de oficio, las organizaciones sociales y de derechos humanos”.

“Como actores, las universidades, y en concreto la Iberoamericana, queríamos hacer un aporte interesado, un aporte como actores sociales en bien de una sociedad más justa, más democrática y más participativa, y por eso empezamos a realizar este trabajo… El informe lo dice y lo dice bien, la academia tiene un papel indispensable en el entendimiento y el cambio de la realidad social, que ayude a la plena implementación de la reforma; así lo entendimos y así lo hemos querido hacer”.
PEDRO RENDÓN