Con impulso renovado desde los años ochenta, los gobiernos de Argentina y México fueron diseñando políticas de reforma de los estudios de posgrado, en algunos casos por medio de directivas1 y las más de las veces a través de la creación de una estructura de incentivos tendiente a orientar la conducta de las autoridades y los docentes universitarios hacia los fines de la política. En particular este último proceso se vincula con la introducción de nuevos mecanismos de asignación de los fondos públicos a las universidades cuyos objetivos explícitos son la promoción de un contexto más competitivo que tiende, por un lado, a una asignación más eficiente de los recursos y, por el otro, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la equidad en la distribución del gasto público. En este mismo marco se inscriben las políticas de perfeccionamiento del cuerpo de profesores fomentando que los mismos continúen estudios de nivel avanzado. En síntesis, la emergencia y crecimiento de los posgrados en Ciencias Sociales en Argentina y México estuvieron condicionados por la introducción de políticas de promoción y evaluación de la calidad de los programas y por instrumentos del tesoro empleados para enviar “señales” a los actores universitarios con relación al comportamiento socialmente valorado por las autoridades educativas. Entre la excelencia y el credencialismo: efecto de las señales del gobierno sobre la oferta y la demanda de los posgrados A través de diversos canales y en momentos diferentes, las políticas de educación superior de Argentina y México emitieron dos mensajes bastante claros y directos: La excelencia en el nivel de los estudios de posgrado está asociada con un cuerpo de académicos que investiga y publica libros y artículos, preferentemente en revistas internacionales con arbitraje, y que asiste con asiduidad a congresos científicos. Los docentes a cargo de los posgrados deben tener al menos el título de maestría y preferentemente el de doctor. En Argentina, ambas señales fueron emitidas a través de directivas. Por un lado, la Ley de Educación Superior sancionada en 1995 dispone que los docentes universitarios deberán poseer título universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia y gradualmente se espera que el título de doctor sea el que permita acceder a la actividad de enseñanza universitaria. Por el otro, esta misma ley crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Entre otras tareas, la CONEAU tiene a su cargo la acreditación obligatoria del conjunto de programas de posgrado existentes a fin de que sus títulos tengan validez oficial. Para aquellos casos que voluntariamente lo soliciten, la comisión de pares a cargo de este proceso también procede a categorizarlos según su nivel de calidad en tres grupos: excelentes (A), muy buenos (B) y buenos (C). Si bien no existen líneas de financiamiento directamente asociadas con los resultados de la evaluación, es claro para los actores universitarios que una buena calificación, además de mejorar su posición dentro del mercado de las reputaciones académicas, facilita la obtención de fondos a través de los programas existentes (por ejemplo, becas para los estudiantes provenientes del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria, FOMEC, o del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET). A lo largo de este proceso de acreditación y evaluación de la calidad, los comités de pares deben opinar sobre diversos aspectos que, según las autoridades de las universidades (representadas a través del Consejo Interuniversitario Nacional y del Ministerio de Educación) son los relevantes para medir la calidad de un posgrado. En primer lugar, existe un número mínimo de horas de clases y de actividad de investigación que deben realizar todos los programas, dependiendo de si son especializaciones, maestrías y doctorados. En segundo lugar, deben dar cuenta de la calidad de su cuerpo docente medida a través de indicadores tales como el máximo nivel de formación académica, su dedicación a la investigación y la productividad (publicaciones). En tercer lugar, los programas deben estar adecuadamente insertos en ámbitos institucionales que faciliten y apoyen los objetivos académicos y, finalmente, deben presentar índices apropiados de rendimiento o eficiencia. Si bien las señales emitidas por el gobierno argentino han sido recibidas por la comunidad académica, al punto de explicar gran parte de la nueva demanda por cursos de maestría entre los docentes universitarios, los resultados de los procesos de acreditación realizados por primera vez en 1999 muestran una campo académico sin dudas muy débil y poco consolidado (ver Cuadro VII.1). Cuadro VII.1 Recomendaciones de los comités de pares de la CONEAU sobre los posgrados en Ciencias Básicas y Aplicadas, Sociales y Humanas y Económicas. Argentina, 1999 (Porcentajes) Áreas Sin acreditar No evaluables Acreditados Categorías de los acreditados A B C No solicitó categoría Proyectos nuevos Básicas y aplicadas Sociales y humanas Ciencias económicas 7 34 44 0 1 3 93 65 53 38 8 3 40 35 27 21 39 33 0 6 34 1 12 3 Fuente: CONEAU (1999). Las Ciencias Sociales y Humanas y las Ciencias Económicas2 presentan más de un tercio de programas no acreditados frente a sólo un 7% en igual situación en las Ciencias Básicas y Aplicadas. Asimismo, es reducida la proporción de programas acreditados en Ciencias Sociales, Humanas y Económicas que logran la máxima calificación. Este resultado muestra la expansión del posgrado de ciencias sociales respondiendo con dificultad a las demandas por excelencia y con plasticidad a los requerimientos de credenciales de mayor valor para el mercado académico y profesional. En México, la difusión de los valores contenidos en el nuevo patrón de reconocimiento académico precedió por más de una década a Argentina, siendo su antecedente más inmediato la creación, en 1984, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)3. Este proceso no ha sido sin embargo sencillo, pues en el trayecto los debates sobre las formas más adecuadas de valorar el trabajo en las ciencias sociales y los problemas que acarrea trasladar esquemas de las ciencias naturales y exactas han sido intensos. En ese contexto, los posgrados mexicanos intentan acoplarse a las dos vertientes de las políticas: las dirigidas hacia los posgrados académicos de excelencia, que ponen el acento en la formación de investigadores del más alto nivel, y las dirigidas hacia los posgrados para la formación del profesorado de la educación superior. Los posgrados de orientación académica buscan obtener su registro en el Padrón de Excelencia4, tanto por las becas que se ofrecen a los alumnos como por el prestigio académico que ello representa. Otros posgrados, interesados más en la capacitación docente o en la especialización profesional, intentan ser reconocidos por otros instrumentos de políticas, como los que se desprenden del registro de posgrados especiales surgido a raíz de la puesta en práctica del Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PROMEP). Pero no todos los programas logran ser incorporados al Padrón de Excelencia y muy pocos forman parte del registro de programas especiales del PROMEP. El Padrón de Excelencia lo integran todos aquellos posgrados que fueron aceptados tras una evaluación externa a cargo de comité de pares5. La consecuencia financiera principal es el acceso a becas de posgrado para estudiantes inscriptos en esos programas. Los criterios de la evaluación de los programas son tener una planta académica con una cantidad razonable de tiempos completos, que los programas estén integrados por maestrías y doctorados orientados a la formación de recursos y a la investigación; que la planta académica tenga un perfil con elevados grados académicos, experiencia en el campo de la investigación y altos niveles de productividad, generalmente asociados a la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Como puede apreciarse en el Cuadro VII.2, las Ciencias Sociales y Administrativas, así como Educación y Humanidades sólo tienen un 29 y un 28.4% de los programas de posgrado inscritos en el Padrón de Excelencia. Este porcentaje es mayor si se considera únicamente los doctorados, que llegan al 68.2 y al 66.7% de programas dentro del Padrón de Excelencia, lo cual confirma que los doctorados tienen una tendencia hacia la investigación. Como puede observarse, en contraste, por ejemplo, con los programas de Ciencias Naturales y Exactas o de Ciencias Agropecuarias, los programas de Ciencias Sociales y de Humanidades tienen una participación más baja en el Padrón de Excelencia. Esto muestra una semejanza con el caso argentino: una porción muy importante de los posgrados en Ciencias Sociales, especialmente de maestrías, parece estar destinada principalmente hacia el mercado profesional no académico, razón por la cual está situada lejos de los criterios que valoran altamente la investigación. Pero también obedece, al menos así lo indica la experiencia mexicana, a que un buen número de programas no muestra interés en responder las demandas generales por calidad. Cuadro VII.2 Número de programas de posgrado en el Padrón de Excelencia y total nacional de programas por área académica, maestría y doctorado. México, 1997   Padrón CONACyT Posgrado nacional Padrón/posgrado nacional % Mt. Dt. Total Mt. Dt. Total Mt. Dt. Total Agropecuarias Salud Naturales y Exactas Sociales y Administrativas Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología Total 59 36 89 83 36 105 408 22 25 67 30 18 40 202 81 61 156 113 54 145 610 85 111 130 346 163 260 1095 27 28 94 44 27 62 282 112 139 224 390 190 322 1377 69.4 32.4 68.5 24.0 22.1 40.4 37.3 81.5 89.3 71.3 68.2 66.7 64.5 71.6 72.3 43.9 69.6 29.0 28.4 45.0 44.3 Mt.: Maestría. Dt.: Doctorado. Fuente: Base de datos elaborada a partir de ANUIES (1997). Anuario Estadístico de Posgrado y Catálogo de Posgrado. Las políticas emprendidas por el gobierno mexicano en este lapso han actuado en distintas direcciones. Según diversos testimonios, en los posgrados interesados en mejorar su calidad, los mecanismos de selección de estudiantes se han vuelto más rigurosos, las calificaciones del profesorado de posgrado se han elevado, la productividad promedio ha crecido, los índices de titulación han paulatinamente mejorado, los intercambios internacionales, tanto de profesores como de estudiantes, han aumentado, la vinculación de los proyectos de investigación con la docencia ha adquirido mayor cohesión y las instituciones han emprendido reformas para acercar el trabajo de los investigadores de institutos a los posgrados. En resumen, tanto en Argentina como en México es hoy un requisito que los profesores tengan formación de posgrado, lo cual sin duda ha incentivado la expansión de este tipo de cursos. Por otra parte, en ambos países los mecanismos más o menos articulados de acreditación y evaluación tienen un impacto importante sobre los posgrados de Ciencias Sociales, más visible en México que en Argentina, dada su mayor antigüedad. Estos mecanismos impactan en tres direcciones. En primer lugar, segmentan al mercado de posgrado en tres grandes grupos: uno constituido por los posgrados de mayor jerarquía, generalmente de naturaleza disciplinaria y académica, los cuales en México son incluidos en el Padrón de Excelencia y en Argentina son categorizados con “A” y “B” por la CONEAU; el segundo grupo lo conforman posgrados profesionales o aplicados, que en algunos casos recientes pueden ser registrados por el PROMEP en México como parte de los programas especiales de carácter tutorial destinados a formar al profesorado de licenciatura; en Argentina estos programas son acreditados sin categorización por la CONEAU; el tercer grupo es un conjunto de programas de diversa calidad que por razones muy distintas están fuera del Padrón o de la acreditación de la CONEAU. En este conjunto hay programas de alta calidad que no aspiran a formar parte del Padrón por dirigir sus intereses hacia la formación profesional, programas que buscan ingresar al Padrón pero no lo han logrado y programas de calidades menores interesados tan sólo en atender la demanda de títulos. En Argentina estos programas carecen de la autorización formal para expedir títulos hasta que no obtengan su acreditación. En segundo lugar, directa o indirectamente, los resultados de estos mecanismos de evaluación orientan los recursos financieros: becas, fondos para equipamiento, bibliografía, etcétera. Esto otorga ventajas a los programas que se han consolidado previamente pero, al mismo tiempo, funciona como estímulo para los programas con menor desarrollo académico. En tercer lugar, estos ejercicios han demostrado que, cuando los pares utilizan en el proceso de evaluación los estándares de la ciencia tradicional, las Ciencias Sociales están claramente en inferioridad de condiciones y resultados frente a las básicas y tecnológicas en la contienda por el título de “posgrado de excelencia” y la competencia por la reputación. Es claro que no todos los programas en Argentina y en México aspiran a ello, pues su perfil es más profesional que académico y, en esa medida, aplicar los criterios académicos de la ciencia tradicional (muchas veces identificados con los de las ciencias duras) puede ser un indicador erróneo. Al respecto hacen falta estudios más detallados que tomen en cuenta no sólo el criterio de pertenencia al Padrón o las categorías A o B de la CONEAU como equivalencia de consolidación o fortaleza. Como síntesis de lo hasta aquí expuesto, podríamos visualizar el probable impacto de las políticas sobre los posgrados de Argentina y México a través del siguiente esquema: Políticas Impacto Evaluación y Acreditación • Segmentación del mercado de posgrados por calidad • Orientación del destino de los recursos • Constatación de la debilidad relativa de las Ciencias Sociales Requisitos de estudios de Posgrado para el profesorado • Perfeccionamiento dentro de la disciplina • Credencialismo No obstante estos rasgos comunes, interesa destacar dos importantes diferencias en las políticas en ambos países. En primer lugar, la segmentación del mercado argentino ocurre entre los programas acreditados por la CONEAU debido a las diferencias entre las calificaciones asignadas, pero también entre los que fueron acreditados y los que quedan fuera. Debido a los constreñimientos legales para autorizar la operación de los programas de posgrado, las políticas argentinas tienden a fortalecer los posgrados acreditados por la CONEAU e indirectamente, propician la emergencia de un segmento “no formal” del mercado de títulos, que no goza de autorización pero que puede estar atendiendo nichos que no parece interesarles a los programas acreditados. Hay una segmentación adicional en el caso argentino: las licenciaturas son gratuitas pero los posgrados cobran aranceles, abriéndose una diferenciación dentro de las propias universidades que tiene efectos peculiares sobre la gestión y la organización académicas. Entre otros, la escasa articulación institucional del posgrado paradójicamente crea un espacio de innovación, donde los actores no se ven tan constreñidos como en la licenciatura por las presiones corporativas y burocráticas. En contraste con la política de la CONEAU en Argentina, en México, al no atender a la gran mayoría de los posgrados profesionalizantes, la política pública deja amplio margen a un desregulado mercado de títulos con nichos de diverso tipo, en los que caben desde ofertas consistentes hasta ofertas de calidad dudosa. La segunda gran diferencia es que en México las políticas del CONACyT hacia el posgrado están asociadas a fondos para becas en un número que hasta el momento no se ha limitado. En cambio, en Argentina los procesos de acreditación de la CONEAU no están asociados directamente a fondos financieros. Se trata de dos órganos que tienen funciones semejantes en cuanto a la evaluación de los programas pero no en cuanto a su capacidad para vincular sus evaluaciones con recursos. El órgano encargado de distribuir becas, el FOMEC, vincula su otorgamiento a que el programa haya obtenido una calificación de A o en algunos casos de B por parte de la CONEAU, pero sólo ofrece cinco becas por programa. Además de las diferencias en el carácter de los órganos de las políticas, importa destacar la diferencia en el enfoque de uno y otro. La CONEAU, debido a la ley, dirige sus esfuerzos hacia programas universitarios, mientras que CONACyT lo hace tanto hacia programas universitarios como hacia no universitarios, con el requisito de que cumplan la función de formar recursos humanos para la investigación científica. Estas políticas tienen lugar en el marco de mercados académicos con grados diversos de desarrollo y, sobre todo, son acompañadas por políticas activas de promoción en el caso mexicano, cuestión que no ocurre, en cambio, en el caso argentino. Seguidamente nos ocuparemos de profundizar en esta cuestión. Notas 1 En Argentina, por ejemplo, se estableció la cantidad de horas mínimas necesarias para el dictado de cursos de especialización, maestría y doctorado, así como otros requisitos para su posterior acreditación. 2 En este cuadro se respetó la forma como la CONEAU nos facilitó la información agregada. Por tanto, las carreras que usualmente se incluyen en el campo de las Ciencias Sociales aparecen, por un lado, agrupadas con las Ciencias Humanas y, por el otro, las Ciencias Económicas conforman una categoría separada. 3 El SNI brinda estímulos financieros no gravables fiscalmente a los científicos dedicados de tiempo completo a la investigación y con altos índices de productividad. Un criterio esencial para ingresar al SNI es poseer el grado de doctor. 4 Este Padrón forma parte de un programa más integral: el Programa para el Avance de la Ciencia en México (PACIME) administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). El PACIME estuvo integrado por otros programas relevantes también para el funcionamiento de los posgrados: apoyos para adquisición de equipos, libros y otros materiales en los programas reconocidos por el Padrón, programas para fortalecer grupos y centros en vías de consolidación y asignación de fondos a proyectos. Una de las más importantes ramificaciones del PACIME ha sido el apoyo a lo que se denomina el Sistema de Centros SEP-CONACyT. Este subsistema está constituido por centros de investigación científica y desarrollo tecnológico primordialmente establecidos fuera de la capital y orientados a desarrollar soluciones para problemas regionales en materia de bienestar, medio ambiente e innovación tecnológica. 5 Los criterios específicos están contenidos en el Marco de referencia para la evaluación correspondiente a cada uno de los Comités de Área del CONACyT.