Los financiamientos y costos de los programas Una característica común a casi todos los programas de posgrado de Argentina, tanto públicos como privados, es su financiamiento a través de los aranceles que deben pagar los alumnos. La obtención de recursos está a cargo de las autoridades de cada posgrado. En un caso del sector privado, un programa académico, con un número bajo de alumnos, era financiado por subsidio cruzado gracias a los ingresos de un programa profesional más numeroso. En México se tienen tres tipos de instituciones: las que cobran plenamente el servicio educativo; las que cobran parcialmente el servicio; y las que no cobran. Los posgrados privados cobran cuotas de inscripción, algunas muy altas, con los cuales costean su operación. Algunas instituciones públicas, como la UAM-X, la UdeG, el CIDE y el COLSON también cobran cuotas, mucho más reducidas que las de instituciones privadas, las cuales no pasan directamente al programa sino a los fondos generales de la institución. Debemos mencionar que en algunas instituciones, como la UdeG, los profesores de la institución que cursan un posgrado están exentos de pagos. En los programas que pertenecen al Padrón de Excelencia de estas instituciones, generalmente los estudiantes tienen acceso a becas del CONACyT y no pagan las cuotas. Otros programas, como el de la FLACSO y el COLMEX tienen cuotas que sólo son aplicables a los estudiantes extranjeros; los estudiantes mexicanos están becados y no pagan cuotas. Para el caso de Argentina tenemos datos generales sobre los costos de los aranceles en los programas de ciencias sociales que nos dan una idea de las diferencias entre el sector público y privado. En todos los casos, los aranceles del sector privado son considerablemente más altos. Las colegiaturas son de 5,832 dólares en promedio, pero en el sector privado el promedio es más del doble que en el público. Como media nacional, los aranceles de administración son los más elevados, pero dentro del sector público los de economía son mayores (ver Cuadro VIII.3). Cuadro VIII.3 Monto total de aranceles promedio de las maestrías de ciencias sociales (dólares)*. Argentina, 1998   Público Privado Total Administración Economía Ciencias Políticas Otras C. Sociales Total 4,610 5,143 4,297 3,290 4,077 9,639 7,530 7,590 15,000** 9,341 7,431 6,011 4,956 3,740 5,832 Fuente: CONEAU (Tomado de García de Fanelli, 2000). * Datos de los programas que se presentaron al proceso de acreditación de la CONEAU. ** Un solo programa se presentó a la acreditación. El siguiente cuadro resume la información disponible sobre los costos para los alumnos de los programas mexicanos considerados en este estudio. En el sector público las cuotas son muy bajas o inexistentes y en el sector privado son muy altas, oscilando entre 12 mil y 20 mil dólares aproximadamente. El programa más caro es el Administración del ITESM, seguido por los de políticas públicas y de economía del ITAM. Cuadro VIII.4 Monto total de aranceles promedio de los programas de Ciencias Sociales estudiados (dólares). México, 1998 Público Privado Programa e institución Aranceles Programa e institución Aranceles M. Economía aplicada COLEF No hay cuotas M. Sociología UIA n.d. D. Sociología COLMEX* No hay cuotas M. Economía ITAM 12,424 dls. M. Ciencias sociales FLACSO* No hay cuotas     M. Ciencias sociales COLSON 500 dls. M. Ciencias sociales UdeG** 520 dls. M. Políticas públicas UAM-X Cuotas bajas M. Políticas públicas ITAM 14,911 dls. M. Administración y políticas públicas CIDE 2,400 dls. M. Admón. de empresas UANL 3,382 dls. M. Economía UDLA 12,000 dls.     M. Economía y negocios U. Anáhuac 12,319 dls. M. en Dirección de Empresas IPADE M. en Administración ITESM 20,000 dls. Nota: las cifras en dólares son aproximadas. * Sólo registra información de cuotas a estudiantes extranjeros. **No aplican para estudiantes becados por el CONACYT y profesores de la institución inscritos en el programa. Las cuotas para estudiantes extranjeros son mucho más elevadas. En Argentina la determinación de las colegiaturas se hace por dos vías: por la demanda (beneficios futuros menos costos de oportunidad y disponibilidad de pago) y por la oferta (costo de la carrera). El ingreso por colegiaturas se destina al pago de los profesores, personal administrativo (que es mínimo) y algunos gastos varios. La institución cubre gastos de infraestructura y biblioteca. Los datos que presentamos sobre el caso mexicano impiden hacer una comparación válida con los datos del caso argentino. No obstante, hay ciertos asuntos que debemos mencionar. En primer lugar, el sector público mexicano tiene un conjunto amplio de instituciones prácticamente gratuitas o con cuotas muy reducidas, lo cual, desde este punto de vista, abre mayores oportunidades para los estudiantes. Crecientemente los programas de instituciones públicas vienen cobrando los servicios educativos, en buen medida por las propias necesidades financieras y por las recomendaciones que emiten las oficinas públicas, pero el monto de las colegiaturas dista mucho del que se cobra en el sector privado. En cambio en el sector público argentino, toda vez que sólo pueden funcionar programas autofinanciados, los programas establecen aranceles, pues no reciben otro tipo de financiamientos de la institución o de organismos públicos, salvo las contadas becas que otorga el gobierno a través del FOMEC o CONICET. En segundo lugar, tanto en Argentina como en México, los costos que deben cubrir los estudiantes en los programas del sector privado son más elevados que en el público. En el sector privado hay muchas diferencias en los cobros estudiantiles, cuestión que depende enteramente de la demanda y de los públicos a los que aspiran llegar los programas. Posgrados prestigiosos de economía o administración de empresas pueden llegar a cobrar elevadas sumas de dinero. Las becas Una debilidad del financiamiento de los programas de posgrado en ciencias sociales en Argentina es la baja disponibilidad de becas para que los estudiantes se dediquen exclusivamente a su posgrado. Excepcionalmente las maestrías tienen becas con cobertura total, es decir, para el pago de los aranceles y para manutención, son financiadas por el Consejo Británico, la Agencia de Cooperación Sueca, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ford cuyos recursos son destinados a estudiantes de otros países de América Latina para realizar estudios en Argentina. Las becas del Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), que se financian con préstamo del Banco Mundial, son muy escasas y pocos programas de ciencias sociales tienen acceso a ellas. Cada programa calificado con A y a veces con B dentro del proceso de acreditación puede tener máximo cinco becas FOMEC. Estas becas se otorgan directamente a los programas, los cuales las ofrecen a sus estudiantes. El sector privado puede acceder a este tipo de becas. Sólo el 3% de los estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales tiene beca de FOMEC, proporción mucho más baja que las becas otorgadas, por ejemplo, a las Ciencias Básicas, las cuales representan el 18% de los estudiantes matriculados en el posgrado de esa área. Los datos más recientes indican que los programas de maestría en ciencias sociales sólo tuvieron 26 becas abiertas y los programas de doctorado ninguna. Las becas del FOMEC de formación docente, distintas a las anteriores, están destinadas no a los programas sino a profesores que tienen la garantía de ser contratados a tiempo completo por su institución a su regreso por período igual al que se fueron. Son becas para estudiar en el país o en el extranjero. A estos recursos, las instituciones privadas sólo acceden si los estudiantes se inscriben en uno de sus programas. En ciencias sociales sólo 69 personas accedieron a este tipo de becas para estudiar una maestría y 19 para estudiar un doctorado en el país. En suma, las ciencias sociales están menos favorecidas que las ciencias básicas y las aplicadas. Las ciencias básicas obtuvieron 633 y las Ciencias Sociales 277 becas. Esto se debe a: 1) que las Ciencias Sociales no tienen fondos para nombrar a los estudiantes en cargos de tiempo completo puesto que, en la medida en que reúnen a una gran cantidad de la matrícula y no es posible aumentar el presupuesto disponible, deben compatibilizar su presupuesto realizando ajustes por la vía del nombramiento de cargos docentes ad honorem y dedicaciones simples y 2) el bajo interés por parte de los futuros graduados de emplearse en la academia, siendo que podrían obtener mayores remuneraciones en el mercado no académico (tasas de retorno superiores, costos de oportunidad más altos). En México la situación de las becas, pese a que siempre será necesario un monto mayor, es diferente. Hemos indicado en otro capítulo que diversos organismos intervienen en el otorgamiento de becas para realizar estudios de posgrado. El principal organismo es el CONACyT, el cual financia estudios dentro y fuera del país a estudiantes en programas de excelencia. La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece becas a profesores en servicio, en el marco de los convenios que se establecen entre esta oficina y las unidades académicas de acuerdo con el Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP); el subsistema tecnológico, a través de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT) de la SEP y de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), también ofrece becas para que los profesores cursen estudios de posgrado. Por su naturaleza, el CONACyT se encarga de financiar estudios a futuros investigadores, en tanto que la SEP financia estudios para el mejoramiento de las calificaciones de los profesores universitarios y tecnológicos. El PROMEP ha becado 1,700 estudiantes desde 1996 y 960 en el último periodo, pero se carece de información sistematizada sobre la distribución de las becas por áreas de estudio. La información del CONACyT permite tener una idea del comportamiento de las becas destinadas a formar investigadores. En 1999 se calculó que las diversas dependencias e instituciones de la administración pública federal apoyarían a 31,145 estudiantes mexicanos para que realicen estudios de posgrado en México y en el extranjero, cifra superior en 5.7% a la registrada en 1998. Del total de becarios del sector público, 60% sería captado por el Programa de Becas-Crédito del CONACyT, el cual habría de llegar a 18,700 estudiantes, cifra superior en 9.2% a la registrada el año anterior. De estos becarios, 14,500 realizarán sus estudios en instituciones educativas del país y 4,200 en el extranjero (SEP, 1999). En lo que se refiere a los apoyos en Ciencias Sociales, en 1999 el Programa de Becas-Crédito del CONACyT excluyó a los interesados en cursar maestrías en las áreas relacionadas con la administración de negocios, el derecho y áreas afines, con la finalidad de apoyar a un mayor número de becarios de doctorado en el extranjero. Para atender la creciente demanda de estudiantes que desean cursar estudios de ese tipo, el CONACyT y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) del Banco de México ofrecen 100 créditos educativos de hasta 25 mil dólares por año de estudios. En este programa se apoyaron 135 solicitudes de 1999 (SEP, 1999). En conclusión, en Argentina existen pocos organismos públicos que otorgan becas, el monto y el número de éstas son reducidos y por eso muy pocos estudiantes tienen acceso a ellas. Esto impide que los alumnos se dediquen de tiempo completo a los estudios de posgrado. Existe un número de becas para profesores en servicio, que deben tener contratos de tiempo completo y contar con el compromiso de su institución para continuar con sus funciones académicas al concluir sus estudios. El sector privado sólo tiene acceso indirectamente a una de las becas del FOMEC si el docente a capacitar elige a una universidad privada para cursar su posgrado. En México hay más organismo públicos y el monto y número de becas son mayores. En la actualidad no se conoce cuáles son los límites financieros para estas becas. Hay becas destinadas a estudiantes de posgrados de excelencia, típicamente formadores de investigadores, y becas para profesores en servicio que requieren actualizar sus conocimientos en diversas áreas. Los programas profesionales no cuentan con becas. El sector público se beneficia más con las becas que el privado, aunque hay algunas instituciones privadas que tienen acceso a fondos públicos para becar estudiantes en sus posgrados de excelencia, como la ITAM, que participa en un novedoso esquema de financiamiento público a través de fondos conjuntos. La internacionalización Los contactos e intercambios con el mundo académico internacional se han multiplicado y acelerado. El proceso de globalización económica y cultural es el escenario general en el que se observa esta tendencia, pero las razones específicas de este impulso son varias: aumento del valor de las credenciales en los mercados profesionales, complejidad creciente del conocimiento y surgimiento de formas diferentes de producirlo; mayor demanda de un saber interdisciplinario en nuevos campos; aumento de la especialización profesional en algunas áreas; búsqueda de prestigio institucional en el ámbito internacional y creación de una nueva fuente de financiamiento al posgrado por la vía de la conjunción de recursos. La internacionalización se presenta en programas profesionales y académicos mediante acuerdos interinstitucionales, programas académicos conjuntos, establecimiento de redes temáticas, intercambio de estudiantes y profesores, diseño de programas a doble y triple titulación, etcétera. Los programas que buscan la excelencia, tanto aquellos dirigidos al mercado profesional como al académico, han logrado altos niveles de internacionalización. Lo novedoso es la difusión de esta tendencia entre un mayor número de programas. Los posgrados profesionales orientados al mercado tienen alto grado de internacionalización y compiten con los de diversas universidades del mundo, con sedes en la región y cursos vía Internet. En México, algunos programas en administración y negocios como el del ITESM centran su interés en mantener su estatus como la mejor escuela de negocios de América Latina y seguir fortaleciendo sus vínculos con universidades norteamericanas y europeas, instituciones con las cuales tiene firmados convenios a “doble y triple titulación”. Algo semejante ocurre en Argentina, donde los tres programas de administración estudiados tienen acuerdos con universidades extranjeras para dictar títulos conjuntos o para que los alumnos tomen cursos en ellas. Pueden usar los emblemas y hay intercambio de profesores. Esto implica también la posibilidad de título doble, el cual es reconocido por dos instituciones, una nacional y otra extranjera. La transnacionalización de algunos programas muestran el dinamismo del mercado de títulos de maestría. La asociación con instituciones de otros países no sólo da ventajas a los programas por el intercambio de profesores, oportunidades de estudios cortos en el extranjero a los alumnos, sino que refuerza un mercado de certificados. Se intercambia prestigio asociado a las instituciones que firman convenios debido al doble título que obtienen los egresados. Que los programas que más han incursionado en este mercadeo de títulos sean administración y economía, se explica por la intensa actividad que han generado al orientarse claramente hacia el mercado profesional de corte empresarial. En los cursos de orientación académica se observan algunas diferencias entre Argentina y México. En este último, el propósito de las actividades de internacionalización no sólo es mantener y acrecentar la red de vínculos académicos para formar estudiantes y participar en foros de discusión sino también realizar investigaciones conjuntas y estar en la frontera del avance de la disciplina. En el caso del ITAM, además de los vínculos estrechos que establece con instituciones extranjeras, organiza sistemáticamente eventos destacados en teoría económica, en los que participan académicos de todas partes del mundo. Recientemente creó un doctorado conjunto con la Universidad de Chile y la Torcuato di Tella en Argentina. También para el COLEF la vinculación está orientada por la disciplina, por la búsqueda de los pares académicos que la institución ubica tradicionalmente en los Estados Unidos. Otro ejemplo del dinamismo en el campo de vinculación es la UDLA, que además de tener el reconocimiento de la SACS, fue elegida campus latinoamericano de la Universidad de Stanford. En Argentina, la internacionalización de investigadores no es promovida dentro de los programas pero se observa un incremento de los contactos que individualmente ellos mantienen con colegas de diversas partes del mundo, especialmente los investigadores que tienen contratos con instituciones que se dedican a la investigación. La gestión y el gobierno En las instituciones hay características básicas que definen las prácticas de gestión y de gobierno en los programas. Para conocer las innovaciones que se han producido en este terreno y situar su importancia en los cambios de los posgrados en Ciencias Sociales, es necesario dirigir nuestra mirada a los siguientes factores: a) La pertenencia al sector público o privado y la ubicación en el ámbito universitario o no universitario; Las misiones del programa y la inserción a la institución a la que pertenece; La forma como se articula el posgrado con la estructura general del establecimiento; los liderazgos institucionales y académicos; La articulación o desarticulación de las estructuras para la docencia y para la investigación; la gestión de los recursos humanos; Las prácticas internas de evaluación de docentes y del desempeño institucional; Las fuentes de recursos y los vínculos con sectores externos. La primera gran diferencia es que los programas de posgrado deben pertenecer por fuerza de ley a instituciones universitarias en Argentina, mientras que en México no hay una legislación que regule esto. En México se observan importantes diferencias formales y prácticas en la gestión y el gobierno de los programas en función de su pertenencia a los sectores público o privado y de su configuración institucional, ya sea en universidades o en otro tipo de instituciones, como los centros de investigación y posgrado. Las instituciones públicas universitarias estudiadas son autónomas por ley y eso significa que el gobierno no puede intervenir, al menos formalmente, en las disposiciones internas para organizar la docencia, la investigación y la expedición de certificados y reconocimientos académicos. Algo semejante ocurre con las instituciones públicas no universitarias, como los centros de investigación y posgrado, que tienen también autonomía, algunos recientemente como el COLSON y el COLMEX. Sin embargo, en ambos casos, los márgenes de autonomía institucional tienden a reducirse por las políticas públicas: en las universidades por la influencia decisiva del PROMEP y en los centros que pertenecen al Sistema SEP-CONACyT (FLACSO, CIDE, COLMEX) por las condiciones que deben cumplir para formar parte del sistema: Ser una institución dedicada a investigación básica y aplicada en una perspectiva de desarrollo en las regiones; Mostrar potencial de crecimiento y consolidación en campos especializados de investigación; Contar con un elevado número de científicos de alto nivel; Más recientemente, desarrollar proyectos de investigación o crear posgrados en forma conjunta. En general, las instituciones privadas universitarias estudiadas muestran prácticas de gestión más dinámicas, en parte por tener administraciones de corte empresarial preocupadas por la capacidad de respuesta, la flexibilidad y la eficiencia. Los programas de posgrado en instituciones como el ITESM, la Universidad Anáhuac, el ITAM o la UDLA tienden a ser más ágiles en sus decisiones y procedimientos que los programas pertenecientes a las universidades públicas, sometidos a diversas dinámicas burocráticas, a conflictos, a relaciones laborales con sindicatos y a escasez de recursos financieros. Lo mismo puede decirse del IPADE, institución dedicada al posgrado en alta dirección de empresas, cuyo pequeño tamaño facilita sus procesos de gestión. En las instituciones privadas, los programas suelen gozar de amplia autonomía en sus decisiones: Cuentan con recursos propios derivados de las colegiaturas, salvo las que recurren a los subsidios cruzados cuando las colegiaturas no alcanzan para cubrir los costos del programa, como en la maestría de políticas públicas del ITAM; Contratan a su personal académico; Pueden realizar cambios en los planes de estudio. Los programas de las instituciones universitarias públicas, en cambio, tienen menores márgenes de autonomía decisional: Sus recursos son asignados por la administración central, carecen de recursos propios y, en el caso de que tengan acceso a porcentajes de las colegiaturas, como el programa de la maestría en Administración de Empresas de la UANL, no resulta claro qué proporción de los recursos asignados a la unidad académica corresponde a esos ingresos provenientes de las colegiaturas; No cuentan con plantas académicas propias y tienen limitaciones financieras para contratar profesores por su cuenta; La modificación de los planes de estudios implica la intervención de diversos niveles de autoridad universitaria. Sobre esto debemos mencionar que existen diferencias importantes entre las universidades públicas estudiadas en función de su estructura organizativa interna y del origen del programa. En algunos casos, como en la UAM-X, la estructura departamental propicia la participación de profesores de diversos departamentos en un programa a solicitud expresa del coordinador; es una estructura que posibilita la confluencia de los profesores en torno a intereses académicos, cuestión que se ve reforzada por el hecho de que el núcleo principal de académicos que sostienen el programa es el que lo fundó. Un factor importante que ayuda a explicar el funcionamiento de la UAM es el apoyo que recibe del gobierno federal, mucho mayor en términos absolutos y relativos que el que reciben otras universidades públicas situadas fuera de la ciudad de México. En la UdeG también se tiene una estructura departamental pero, a diferencia de la UAM-X, surgió de una reestructuración organizativa global que ha implicado una gran dispersión de esfuerzos1 en condiciones de carencia crónica de recursos. En la UANL existe una estructura tradicional de facultad, lo cual implica que las decisiones del programa sean tomadas por el director de la misma y no por el coordinador de posgrado; en ese contexto, los profesores son propuestos por el coordinador del programa y contratados por el director, de acuerdo con las necesidades académicas y la disponibilidad de recursos. Los centros de investigación y posgrado no universitarios, como el COLMEX, el COLSON, la FLACSO y el CIDE tienen gestiones más ágiles que las de instituciones universitarias. En primer lugar, la complejidad y número de tareas es menor a la de las universidades y no están sujetas a las tensiones y conflictos que suelen presentarse en éstas. En segundo lugar, tienen claramente definidas y acotadas sus misiones: investigar y formar recursos para la investigación en terrenos de frontera académica. En tercer lugar, cuentan con recursos no sólo del CONACyT (para proyectos de investigación y becas) sino de un amplio abanico de agencias financiadoras, públicas y privadas, nacionales e internacionales. En cuarto lugar, los investigadores, mayoritariamente de tiempo completo, dictan cursos y dirigen tesis, lo cual genera una gestión de la práctica académica que vincula la investigación con la docencia. En quinto lugar, las modificaciones curriculares suelen ser más rápidas que en las universidades pues los órganos encargados de aprobarlas están constituidos por profesores del programa y las revisiones son parte más o menos rutinaria de las funciones de los órganos colegiados de gobierno. En general, si las misiones y propósitos están bien definidos; si los programas gozan de autonomía financiera, de contratación y de gestión de los currículos; y si las estructuras administrativas no son pesadas, los programas tienden a mostrar mayor grado de integración de sus funciones y tareas. Regularmente, este tipo de gestiones es encabezado por un liderazgo académico-administrativo de corte emprendedor. El panorama en Argentina muestra diferencias en varios aspectos. Si bien la gestión en las universidades públicas y privadas revela claras diferencias en el nivel de los estudios de grado, las distancias entre ambos sectores se acortan en lo concerniente a la gestión del nivel de posgrado. En principio, tanto las universidades públicas como las privadas con autorización definitiva2 gozan de autonomía académica e institucional. Sin embargo, unas y otras deben acreditar sus programas de posgrado frente a la CONEAU para que los mismos tengan validez oficial. Esto trae por consecuencia que se promueva una estructura homogénea en los programas ya que existen requisitos en torno al número de horas de los planes de estudio, según se trate de maestrías o especializaciones, y a la realización de un trabajo o tesis final. Por otra parte, los criterios y estándares empleados por los pares evaluadores para juzgar la calidad promueven un comportamiento mimético por parte de los programas. Sus autoridades tratarán de garantizar la legitimidad mostrando que su estructura resulta isomórfica con aquella definida en el perfil “A”, sinónimo de excelencia académica. En términos generales, los casos analizados en Argentina revelan que los programas funcionan en forma bastante descentralizada en su gestión, principalmente porque la mayoría se financia a través de los aranceles que abonan los estudiantes y no depende, por tanto, de los fondos que se canalizan a través de las instituciones. Éstas sólo contribuyen con el financiamiento parcial de la infraestructura y la biblioteca. A pesar de lo dicho, subsisten, sin embargo, diferencias entre el sector público y privado en el nivel del posgrado. En el caso de las universidades públicas, si bien los proyectos de creación de programas de posgrado emergen a partir de iniciativas de académicos “emprendedores”, estos proyectos deben ser aprobados por los órganos colegiados que gobiernan estas instituciones. Sin embargo, a diferencia de otras propuestas innovadoras que afectan a intereses creados y a grupos diversos dentro de la institución, cuya aprobación suele dilatarse en el tiempo, las iniciativas de creación de cursos de posgrado son en gran parte bienvenidas pues los posgrados aportan nuevos recursos y prestigio a la institución. De todos modos, tanto en el manejo de los recursos financieros como en la tramitación de los nombramientos de los profesores, se padece los problemas inherentes a la dinámica burocrática, especialmente en las instituciones más grandes y antiguas. En el sector privado, la gestión y el gobierno son, al igual que en México, más dinámicos, principalmente porque la autoridad que aprueba las decisiones tomadas por los directores de los programas reside en órganos ejecutivos, más que en legislativos, como ocurre en el sector público. Esta misma centralización de la autoridad torna factible que unos programas subsidien en forma cruzada a otros. Si bien en el sector privado el cálculo de rentabilidad económica del programa adquiere mayor peso, las instituciones son conscientes de la importancia de la competencia interinstitucional por la reputación y el prestigio académico. En los casos analizados, algunos programas del sector privado, por ejemplo, eran subsidiados por otros cuyo ingreso en concepto de aranceles era mayor. Este mecanismo de subsidio cruzado es posible en el sector privado precisamente por el grado de poder que detenta la autoridad en la cúspide de los establecimientos. No es probable que ello suceda de igual modo en el sector público, donde la gestión de los recursos financieros del nivel de posgrado se encuentra más atomizada. Las autoridades a cargo de cada uno de los cursos están preocupadas e interesadas casi exclusivamente en su propio programa. Más allá de estas diferencias entre sectores, en uno y otro caso los directores suelen detentar una cuota importante de poder en aspectos claves del manejo de los programas. Si bien sus decisiones deben ser refrendadas por instancias superiores (en el sector público de un modo más formal que en el sector privado), ellos tienen amplio margen para designar profesores, introducir cambios en el plan de estudio y diseñar políticas diversas de evaluación y seguimiento de los estudiantes. Formalmente el director es acompañado por órganos colegiados, como los consejos académicos. Sin embargo, en oportunidades estos consejos son figuras decorativas integradas por científicos prestigiosos, sumamente ocupados que, además, suelen participan al mismo tiempo en otros consejos de igual carácter. En síntesis, tanto en Argentina como en México, si bien las universidades gozan de amplia autonomía, en los hechos la misma se ve limitada por el accionar de la política pública de cada país. En Argentina, básicamente por la acción emprendida por la CONEAU y en México por el PROMEP y el sistema SEP-CONACyT. En ambos países, el sector privado revela un mayor dinamismo en la gestión, favoreciendo incluso la existencia de programas no rentables económicamente pero sí en términos de reputación dentro del mercado académico gracias a la puesta en marcha de mecanismos de subsidios cruzados. La diferencia más notable entre Argentina y México se presenta en el sector público. Como los posgrados del sector público argentino no reciben aportes institucionales para su funcionamiento, la autonomía de la que gozan es mucho mayor que la existente en las instituciones públicas mexicanas. La autonomía es también fruto del desinterés de los gobiernos de las universidades públicas por este nivel. Los docentes y los alumnos de posgrado, por ejemplo, carecen de representación propia en los claustros que integran los organismos colegiados de gobierno. Esto favorece en Argentina que este nivel no se vea sometido a las disputas partidarias que suelen dirimirse en la arena del gobierno universitario, que desplazan el logro de los objetivos académicos como meta institucional. En otras palabras, en el caso argentino el posgrado es una instancia que ha permitido recuperar el valor de la búsqueda de metas académicas y profesionales, por encima de objetivos políticos y corporativos. De este modo, muchos cambios difíciles de instrumentar en el nivel de los estudios de licenciatura son posibles en el posgrado. La innovación es posible en estos espacios poco institucionalizados. Notas 1 Véase al respecto el capítulo “El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG: separa para integrar, una alternativa de reforma”, en: Álvarez, de Vries, González, Ramírez y Kent (1999). 2 Situación que ocurre tras una evaluación del funcionamiento institucional por parte de la CONEAU transcurrido seis años de su creación.