Conclusiones y asuntos emergentes El nuevo énfasis en el posgrado y la investigación científica –expresado nítidamente en el requisito de obtención del doctorado para los dedicados a estas tareas– representó el primer impulso a un crecimiento que perdura hasta finales de la década de los noventa. La creación del PACIME1, los programas de apoyo al posgrado y la formulación del Padrón de Excelencia del Posgrado de CONACyT vinieron a confirmar e institucionalizar este movimiento2. En el mismo sentido se han proyectado más recientemente los programas promovidos por la SESIC como SUPERA y PROMEP3. Estos últimos agregaron algo nuevo (aunque sea un viejo anhelo): el objetivo de que los académicos contaran con estudios de posgrado, en un país donde más del 60% de ellos cuenta únicamente con la licenciatura. De la misma manera, otros programas federales, como el FOMES, canalizaron recursos adicionales para fortalecer el posgrado en las instituciones públicas. El resultado ha sido una notable expansión de éste. En 1997, contamos con una matrícula de 87,696 estudiantes de posgrado (entre especialización, maestría y doctorado), inscritos en casi 3,000 programas, lo cual implica un crecimiento importante en comparación con los 42,655 estudiantes registrados en 1989. ¿A qué se debe la aparente fuerza de este impulso? Como factores explicativos del desarrollo en los noventa, sugerimos que dos han sido los vectores principales que permiten explicar la institucionalización, perdurabilidad y penetración de las iniciativas gubernamentales en materia de posgrado a nivel de las instituciones de educación superior. El primero y más visible evidentemente es el aspecto financiero. Con fluctuaciones y todo, los recursos financieros del gobierno federal para estos programas han mantenido su flujo desde hace casi una década, y los planes oficiales prevén una inversión nacional, pública y privada, de 0.7% del PIB en investigación y desarrollo experimental para el año 2000 (Poder Ejecutivo Federal, 1995). Por su parte, el horizonte de planeación del PROMEP es de una década, prometiendo asignar recursos hasta el año 2006, promesa que va más allá del término de la actual administración federal. Los montos de recursos y su relativa estabilidad son señales que han sido captadas por las instituciones universitarias, que muestran una tendencia creciente, aunque diversa, a institucionalizar programas de posgrado en un horizonte de mediano plazo. Otro aspecto que llegó para quedarse son los programas de estímulos, fuertemente enfocados hacia quienes la obtención de posgrados, además de una creciente competencia interna en los cuerpos académicos. Estas señales han sido captadas por los individuos: hay fondos para la superación, y creciente influencia del posgrado en las decisiones sobre promociones, contrataciones, estímulos. Hay un segundo vector explicativo de esta dinámica de institucionalización del posgrado que, como sociólogos, no podemos dejar de mencionar. Este vector no es tangible como el dinero pero es un incentivo poderoso e incluso medible: se trata del prestigio, acaso una mercancía tan importante como el dinero en el tráfico normal de la academia (Burton Clark, 1990) . Las jerarquías de prestigio entre instituciones y programas académicos son pieza integral de su identidad, su dinámica, y el valor que les asignan las familias, los estudiantes y los empleadores. De hecho, un número sorprendente de decisiones en el ámbito de la educación superior son tomadas, así sea parcialmente, como búsqueda de una pauta de distinción. En la creación, el mantenimiento o la competencia por el estatus encontramos fuertes motivaciones para la acción institucional. Los patrones de prestigio han cambiado singularmente en las últimas dos décadas en la educación superior mexicana: ha habido una fuerte dinámica de transferencia y competencia de distinción entre instituciones públicas y privadas, entre instituciones privadas de tipo universitario y escuelas privadas consideradas de menor alcance académico4, y entre escuelas profesionales y establecimientos que además realizan investigación. Por supuesto, tales patrones de prestigio han aumentado también su presencia al interior de los cuerpos académicos. Si la competencia entre instituciones públicas y privadas ha sido un efecto de mercado, no hay duda que el nuevo patrón de prestigio basado en el binomio investigación/posgrado es de franca hechura gubernamental, con el apoyo de las comunidades científicas. El Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia del CONACyT no surgió con el propósito de certificar a los programas, pero los criterios para ingresar a éste son parte del nuevo patrón de prestigios que muchas instituciones tanto públicas como privadas tratan de seguir. La gran cantidad de académicos que participan como árbitros y dictaminadores honorarios (sin retribución económica) del CONACyT muestra una mayor participación de los pares en la puesta en vigor del nuevo patrón de prestigios. El CONACyT está orientado a los posgrados de investigación pues su función básica es apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la investigación y la formación de recursos humanos. Sin embargo, gracias a las políticas de formación del personal de licenciatura, ha comenzado a establecer nexos más estrechos con la Secretaría de Educación Pública, la cual tienen en la actualidad un papel mucho más protagónico en lo que se refiere al posgrado. Como hemos visto, se observa en este terreno una mayor articulación entre oficinas y políticas, así como un nuevo papel de la Secretaría de Educación Pública. Lo más relevante es la fuerte intervención que a través del PROMEP realiza en las unidades académicas básicas y las funciones de acreditación de programas mediante nuevos registros de programas en los cuales pueden inscribirse con beca PROMEP los profesores. La SEP apoya los programas de excelencia del CONACyT en la medida en que promueve que los académicos cursen estudios en ellos pero, al mismo tiempo, abre la puerta a programas que, por diversas razones, no están incluidos en el Padrón de Excelencia. Por esta puerta pueden entran programas cuyo perfil es principalmente profesional y no de investigación, lo cual, de manera colateral implica nuevas formas de regulación de una parte del mercado de ofertas antes no considerado por las políticas hacia el posgrado. Hay un enorme conjunto de programas que no son destinatarios directos de las políticas del CONACyT y de la SEP. Se ha generado una oferta de programas que cumplen funciones de actualización de profesionales en un contexto de creciente demanda de mayores credenciales. Algunos de estos programas intentan aproximarse a criterios de calidad semejantes a los del CONACyT o la SEP, en muchos casos a través de sus vínculos con colegios o asociaciones nacionales de profesionales. Se trata de un amplio sector donde el desarrollo de los posgrados obedece a un proceso de diversificación y dignificación de las instituciones. Pero muchos otros carecen de algún tipo de regulación externa y sobre ellos recae siempre una sombra de sospecha en lo que toca a su calidad. En suma: las políticas recientes hacia el posgrado han apoyado su expansión, han reforzado un nuevo patrón de prestigios académicos y han extendido su influencia incluso en sectores que están fuera de sus ámbitos de acción. Notas 1 Programa de Apoyo a la Ciencia en México, fórmula rectora para la reforma del CONACyT desde 1990. 2 Para una revisión de las políticas federales hacia el posgrado, véase Mario González Rubí, La Modernización del Posgrado en México, 1985-1995, Tesis de Maestría en Sociología Política, Instituto Mora, México, 1996. 3 Superación del Profesorado y Programa de Mejoramiento del Profesorado, promovido por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Con el primer programa, administrado por la ANUIES, se buscó impulsar el acceso al posgrado de profesores que por su edad y condición institucional no pudieran acceder a las becas de posgrado en CONACyT. 4 Véase el intento de la Federación de Instituciones Particulares Mexicanas de Educación Superior (FIMPES) por establecer una “marca de distinción” entre universidades que clasifica como de alta calidad y las instituciones que no cumplirían con este estándar. Para una revisión breve del contexto de esta dinámica, véase R. Kent y R. Ramírez, “Private Higher Education in Mexico: An Interpretation of Growth and Differentiation with Implications for Policy, en Phillip Altbach, ed., International Private Higher Education, Garland Press, en prensa.