ACUERDAN ANUIES Y HACIENDA INSTALAR MESAS DE DIALOGO PARA REVISAR PROBLEMATICAS FINANCIERAS URGENTES EN LAS UNIVERSIDADES

4 de Diciembre de 2025

• En Palacio Nacional, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, acompañado por un grupo de rectores de universidades públicas, sostuvieron una reunión de trabajo con el Jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Lic. Eddu Vera Anaya.

• Solicitan la intervención de las autoridades hacendarias para que se autorice una ampliación de recursos, que permita atender situaciones apremiantes como el pago de aguinaldos jubilaciones y pensiones.

• Se planteó la necesidad de cambiar la dinámica y la forma en que se define el presupuesto para las Universidades Públicas Estatales y revisar a fondo la política salarial.

• Es la primera vez que se abre este mecanismo de diálogo entre Hacienda y titulares de universidades públicas estatales asociadas a la ANUIES.

Ante la urgente situación financiera que enfrentan las universidades públicas del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la (ANUIES) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acordaron sostener mesas de diálogo para buscar soluciones a la problemática presupuestal de las instituciones públicas de educación superior en el país.

Una de estas mesas habría de instalarse antes de que finalice el año, considerando que es en esta época cuando aumentan los desafíos financieros para las universidades como es el pago de pensiones y aguinaldos.

Encabezados por el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis González Placencia; asistieron a esta reunión de trabajo que tuvo lugar en las oficina de Hacienda en Palacio Nacional, la Dra. Norma Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit; el Dr. Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; el Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima y el Dr. Martín Aguilar, rector de la Universidad Veracruzana, quienes fueron recibidos por el Lic. Eddu Vera Anaya, jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Los funcionarios universitarios agradecieron la apertura de la Secretaría de Hacienda por el espacio de diálogo con las Universidades Públicas Estatales y reconocieron el intenso trabajo que ha realizado el Gobierno Federal, para fortalecer a las instituciones y el modelo educativo de nuestro país.

Resaltaron los logros en materia educativa del gobierno federal, como la Reforma Constitucional al Artículo 3ro que reconoce el derecho humano a la educación superior, así como la obligación del Estado para garantizarla de manera gratuita a todas y todos los mexicanos. Igualmente, destacaron la reforma a la Ley General de Educación y la promulgación de la Ley General de Educación Superior, indispensables para la consolidación del Sistema Nacional de Educación Superior, para el bienestar de los individuos, de las familias y de la sociedad en su conjunto.

Indicaron que es precisamente en la promulgación de la Ley General de Educación Superior, donde se establecieron los criterios para el financiamiento público de las universidades e instituciones de educación superior, entre los que destacan que el presupuesto que reciben las instituciones públicas nunca será menor al aprobado en el ejercicio anterior; y que los recursos que otorga el Estado deberán ser crecientes en términos reales, es decir, al menos deben incluir la Inflación.

Asimismo, para determinar el incremento del presupuesto, debe considerarse los recursos humanos, la Infraestructura educativa y los materiales utilizados en la impartición del servicio y el establecimiento del “Fondo Federal Especial” para la obligatoriedad y la gratuidad, así como la plurianualidad del crecimiento y mantenimiento de la infraestructura.

Sin embargo, señalaron que estos criterios no han sido considerados en la determinación del Presupuesto de Egresos para las instituciones y que la manera en cómo se determina el subsidio que reciben las universidades públicas sigue siendo inercial, es decir, se aplica un porcentaje de incremento, el cual en el sexenio pasado correspondió al deflactor del PIB, y hoy en día a un porcentaje menor a este indicador. En el caso de las Universidades Públicas Estatales, el incremento aprobado para 2026 respecto a 2025 es sólo de 1.8%.

Esta desarticulación entre el cómo debería de crecer el presupuesto de las Universidades y el cómo realmente se determina, ha generado un desequilibrio de las finanzas institucionales que se traduce en un déficit que se calcula en 50,400 millones de pesos entre 2019 a 2025; lo que obliga a las instituciones a trasladar este déficit a las familias de las y los estudiantes, dejando de ampliar los servicios educativos.

Explicaron que de 2018 a 2025 la matrícula pública de educación superior en instituciones adscritas al Ramo 11 SEP ha crecido 16.3 %, mientras que el subsidio destinado a las mismas instituciones ha disminuido en -2.0% en el mismo periodo, por lo que cada año rectoras y rectores se enfrentan a la penosa necesidad de hacer este tipo de gestiones para solventar los gastos.

El crecimiento de la matricula atendida lleva por consecuencia la ampliación de infraestructura, la contratación de docentes, la actualización del acervo bibliográfico y el mantenimiento de laboratorios, entre otras cuestiones, aunado a los problemas estructurales heredados por algunas instituciones relacionados con los sistemas de pensiones y jubilaciones, cuyos porcentajes representan entre el 40 % y 50 % de la nómina.

La rectora y los rectores presentes precisaron que el subsidio para programas como el S247, pasó de tener 565 millones de pesos para las universidades estatales en 2018 a 135 millones de pesos en 2026, bolsa con la cual se apoya el perfil profesión de 1, 600 docentes y la consolidación de 11 universidades interculturales.

Añadieron que también las Universidades Públicas Estatales tienen que afrontar cada año el pago de la política salarial, que se refiere al incremento al salario y a las prestaciones que se acuerda cada año con los distintos sindicatos de las Universidades, mismo que regularmente es convenido entre febrero y abril de cada año, pero cuyo pago a los trabajadores se realiza de manera retroactiva en enero. Estos recursos no se incluyen en el presupuesto de egresos de la federación de cada año, por lo que siempre son un riesgo latente para las universidades al no formar parte del subsidio ordinario.

Indicaron que actualmente, el adeudo de los estados por política salarial a las universidades es cercano a los 600 millones de pesos y en algunas entidades han dicho que no entregarán los recursos correspondientes mientras la federación no haga lo propio.

Es esta la primera vez que se abre este mecanismo diálogo con las autoridades de la Secretaría de Hacienda en el que las y los rectores de las Universidades Públicas Estatales asociadas a la ANUIES, podrán plantear en mesas de trabajo sus problemáticas generales y particulares, así como presentar propuestas viables para revertir los serios problemas financieros que vienen acumulando.

Desde la ANUIES creemos que es tiempo de cambiar esta dinámica y solicitamos a la Secretaría de Hacienda que además de ayudar a ministrar los recursos de 2025, se comience a planear una estrategia distinta en 2026 para regularizar como presupuesto ordinario dentro del PEF la política salarial de las universidades.

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