• Rectoras y rectores se reúnen en San Lázaro con las presidentas de las Comisiones de Presupuesto y Educación.
• Presentan un diagnóstico sobre la crítica situación en enfrentan varias de las Universidades Públicas Estatales.
• Urgen atender problemáticas específicas como rezago en los salarios contractuales, fondo para pensiones y jubilaciones, falta de infraestructura y modernización de equipos, así como la cobertura y gratuidad de la educación superior.
En el marco de los trabajos de análisis, diálogo y seguimiento correspondientes al proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2027, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en conjunto con rectoras y rectores de Universidades Públicas Estatales (UPES), formalizó un paquete de gestiones presupuestales destinadas a obtener recursos extraordinarios y resarcir el rezago financiero que enfrentan las casas de estudio del país.
En reuniones de trabajo sostenidas con la Diputada Merilyn Gómez Pozos, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Diputada María del Rosario Orozco Caballero, Presidenta de la Comisión de Educación, la delegación universitaria presentó una solicitud técnica formal para corregir distorsiones presupuestarias acumuladas, restablecer bolsas de financiamiento especial y asegurar la sostenibilidad operativa de universidades públicas que atienden a más de 3 millones de estudiantes a nivel nacional.
La interlocución técnica estuvo encabezada por el Dr. Luis González Placencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, quien expuso ante las legisladoras federales que, si bien, el paquete económico general presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contiene avances en diversos rubros, las Universidades Públicas Estatales atraviesan una condición financiera sumamente compleja.
Esta situación se deriva directamente de dos factores principales:
-La brecha entre la inflación proyectada y la inflación real. La mitad del déficit financiero acumulado en las universidades responde a pérdidas operativas generadas por la diferencia entre los pronósticos oficiales de inflación aprobados en los presupuestos y el comportamiento inflacionario real registrado al cierre de cada ejercicio fiscal.
-La cancelación gradual de fondos extraordinarios. La desaparición de las bolsas presupuestales extraordinarias ha limitado progresivamente la capacidad de las casas de estudio para financiar proyectos de desarrollo académico, investigación científica e innovación tecnológica.
De acuerdo con la evaluación presentada por el titular de la ANUIES, este desfase acumulativo se traduce en limitaciones severas para la adquisición de equipamiento especializado, la capacidad de expansión de la matrícula escolar y el sostenimiento de las plantillas docentes, amenazando con consolidar problemas de carácter estructural en el sistema educativo nacional.
Para revertir el deterioro operativo y asegurar las funciones sustantivas de la educación superior, la representación de la ANUIES dio a conocer una propuesta articulada en cuatro requerimientos presupuestales indispensables:
Política Salarial y Salario Mínimo. Las autoridades universitarias expusieron que los incrementos al salario mínimo, aunque reconocidos como un avance laboral positivo, generan una presión financiera considerable al no contar con partidas presupuestales específicas asignadas a las instituciones. Esto ha provocado que las categorías laborales más bajas del tabulador alcancen a las subsecuentes, generando distorsiones operativas e inquietud en la plantilla de trabajadores. Por ello, se solicitó formalmente dotar de partidas específicas a la política salarial y proveer dichos recursos de manera oportuna a lo largo del año, evitando su concentración en el cierre del ejercicio fiscal.
Reformas Estructurales y Fondo de Pensiones. A pesar de que las universidades públicas han realizado esfuerzos históricos de reestructuración en sus sistemas de pensiones -generando ahorros sustanciales de largo plazo para el erario público- un número creciente de instituciones requiere ingresar a procesos de revisión técnica y contar con apoyo financiero extraordinario para concretar nuevas etapas de saneamiento.
Infraestructura, Equipamiento y Entornos Virtuales. Ante la creciente demanda de espacios educativos y el deterioro de la infraestructura física, se planteó la urgencia de crear un fondo solidario de mantenimiento y equipamiento. La delegación universitaria precisó que la falta de espacios físicos puede compensarse parcialmente con entornos virtuales de aprendizaje, pero actualmente las instituciones carecen de la infraestructura tecnológica necesaria para desplegarlos masivamente.
Fondo Especial para Gratuidad y Obligatoriedad. Las rectoras y los rectores recordaron que el fondo especial para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior -establecido desde la reforma constitucional de 2018- se mantiene como un compromiso pendiente. Enfatizaron la necesidad de asignarle a esta iniciativa, presupuesto específico en el PEF 2027 para avanzar de forma paulatina en la gratuidad sin comprometer la operatividad básica de las instituciones.
Durante las reuniones en San Lázaro, rectoras y rectores detallaron el impacto de las restricciones presupuestales y fundamentaron la urgencia de asignar partidas adicionales.
La Dra. Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Presidenta del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES, destacó que en las universidades estatales se forman más de 3 millones de estudiantes y en sus sedes se realiza la mayor parte del desarrollo científico y tecnológico de México. Señaló que el acceso a un fondo específico resulta indispensable para consolidar planes estratégicos en estas áreas.
La Dra. Leticia Jiménez Zamora, rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A. C. (AMEREIAF), advirtió sobre la severa crisis financiera que atraviesan las universidades públicas estatales por déficit presupuestario.
Subrayó la urgencia de destinar mayores recursos al Fondo de Saneamiento Financiero 081, el cual opera actualmente con una partida simbólica e insuficiente para cubrir los compromisos laborales y la nivelación de sueldos derivada de los incrementos salariales.
La Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez, rectora de la Universidad de Sonora (UNISON), manifestó que, tras cumplir rigurosamente con las medidas de austeridad y eficiencia desde 2018, dichas instituciones enfrentan presiones inflacionarias insostenibles.
En ese sentido, solicitó a la Federación un aumento presupuestal equitativo del 4% para todas las instituciones públicas estatales, acompañado de un programa de recuperación salarial para corregir distorsiones económicas en los tabuladores operativos.
El Dr. Enrique del Val Blanco, Coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional de la UNAM, dijo que, a pesar de que la ley establece y señala que las universidades no deben cobrar cuotas, el presupuesto actual omite dichos recursos y sugiere indebidamente un esquema de financiamiento compartido con los estados. Esta situación deja a las instituciones públicas operando con una fracción mínima de su presupuesto necesario, lo que genera una crisis financiera insostenible.
Ante los diagnósticos presentados, las Diputadas Gómez Pozos y Orozco Caballero expresaron la plena apertura del Poder Legislativo para revisar con responsabilidad la situación de la educación superior pública.
Las legisladoras reafirmaron su compromiso de defender la universidad pública, promover la mejora de los derechos laborales del personal académico y administrativo, y realizar las gestiones necesarias en el PEF 2027, para dotar a las instituciones del financiamiento requerido para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Como acuerdo fundamental de las reuniones, la Presidenta de la Comisión de Educación asumió el compromiso expreso de solicitar y gestionar una audiencia formal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta mesa de trabajo, dijo, permite que rectoras y rectores presenten de manera directa ante la autoridad hacendaria, el diagnóstico técnico y financiero de sus instituciones con el objetivo de construir alternativas de solución viables e incorporar las partidas y fondos extraordinarios requeridos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
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