Firma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convenio con instituciones de educación superior

10 de Febrero de 2012

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 46 instituciones de educación superior firmaron un convenio de colaboración que permitirá reforzar la función jurisdiccional del máximo órgano judicial en materia electoral, y el interés de universidades, colegios e instituciones de educación superior por contribuir con la justicia electoral mexicana y la equidad de género.
Al encabezar la firma de dicho convenio, Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aseguró que la firma del convenio, además de abonar a la vida democrática del país, contribuirá a la formación de los universitarios.
De acuerdo con López Castañares, este convenio contribuirá con un análisis crítico de la cultura de equidad de género y estableciendo nuevas relaciones entre hombres y mujeres en un marco de igualdad.
Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos, aseguró que acuerdos como éste son resultado del compromiso que tiene el Tribunal Electoral con la consolidación democrática en México y la búsqueda de una igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres, sumados a la convicción del sector educativo por participar en la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Por su parte, Patricia Olamendi Torres, Coordinadora del Comité de Expertas del Mecanismo para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que con la firma del acuerdo se busca iniciar una revolución jurídica que ayude a crear un modelo de sociedad más justa que garantice el derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Para Enrique Fernández Fassnacht, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre los objetivos del convenio están los que atañen a las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para la protección de sus derechos político-electorales.